El estado de California ha recrudecido su batalla legal contra Activision Blizzard, acusando al departamento de recursos humanos de la compañía de destruir documentos relacionados con quejas de los trabajadores e investigaciones internas.
Estos documentos, según las autoridades, deberían haberse conservado mientras se realizaba su investigación, y también se critica la práctica de obligar a los trabajadores a firmar NDAs (non disclosure agreements) para evitar que los trabajadores pudiesen denunciar la situación o la decisión de involucrar a la firma legal WilmerHale como investigadora, algo que opinan «interfiere directamente» con su labor.
El estado de California, además, ha presentado una demanda revisada de su caso contra Activision Blizzard, ampliando el lenguaje del documento original para incluir no solo a los empleados fijos, sino también a los temporales y autónomos.
